El proyecto que fortalece el Servicio Nacional del Consumidor, uno de los más emblemáticos del segundo gobierno del presidente Sebastián Piñera, finalmente fue aprobado este lunes en el Congreso.
Luego de que la Cámara de Diputados visará los cambios realizados en el Senado, la iniciativa eludió la revisión de una comisión mixta y quedó lista para ser promulgada como ley de la República, lo que sucedería las próximas semanas. Una vez implementados los cambios que incluye la iniciativa, proceso que tomará unos seis meses, el Sernac tendrá una batería de nuevas facultades sancionatorias y fiscalizadoras para defender a los consumidores.
En primer lugar, las empresas estarán obligadas a responder los reclamos y se abrirán espacios de conciliación para solucionar las diferencias, privilegiando la reparación sobre la imposición de multas. Otra novedad es que con la nueva ley aumentarán los techos de las multas y se eliminarán los pisos respecto a lo que actualmente existía en los distintos tipos de infracciones. Así, las compañías infractoras deberán pagar seis veces el valor de las sanciones por faltas de menor gravedad, los abusos de segunda clase suben de 150 a 750 UTM y, si cometen prácticas que pueden afectar la salud, seguridad y medio ambiente o derechos fundamentales la multa pasa de 1.000 a 2.250 UTM, unos $105,3 millones. Mientras, la modificación también incluye multas hasta las 1.500 UTM por prácticas con impacto potencial en un número masivo de consumidores.
En cuanto a facultades normativas, el proyecto de ley le otorga al nuevo Sernac la posibilidad de dictar normas, lo que según explicó el ministro de Economía, José Ramón Valente, permitirá que las empresas tengan un marco conocido para ordenar su comportamiento, dandoles certezas sobre cuál es la conducta esperada de su parte.
En esa línea, en el documento se eleva el plazo de prescripción de seis meses a dos años y establece que se empiece a contabilizar desde el cese de la infracción. Cabe destacar además en la iniciativa que las asociaciones de consumidores podrán entregar asesoría jurídica, realizar mediciones individuales a solicitud de un consumidor y también realizar conciliaciones individuales, junto con eliminar la prohibición de reclamar indemnización por daño moral en procedimientos colectivos.
La nueva ley también le permitirá a la entidad abrir 10 nuevas oficinas provinciales para atender los reclamos de los consumidores y aumentar su dotación nivel de remuneraciones
