La próxima etapa de las exigencias de eficiencia energética para vehículos abrió una disputa entre los gremios automotores y el Centro de Movilidad Sostenible (CMS) por su posible impacto en la oferta, los precios y las ventas de autos en Chile.
La segunda fase vinculada a la Ley N°21.305 elevaría en 2027 la meta referencial promedio desde 18,8 hasta 22,8 kilómetros por litro. El cálculo se aplicaría al promedio de los vehículos vendidos por cada importador y no como una exigencia individual para cada modelo.
La nueva exigencia se suma al uso del ciclo internacional WLTP, aplicado en Chile desde octubre de 2025, que permite medir el consumo y las emisiones de los vehículos bajo condiciones más cercanas a la conducción real.
Las proyecciones de los importadores
La Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC) advirtió que más de 800 modelos o versiones podrían dejar de comercializarse si se mantienen las nuevas exigencias. Según el gremio, incorporar tecnologías como sistemas microhíbridos podría encarecer algunos vehículos entre US$3.500 y US$5.000.
La asociación también estima que las ventas podrían caer hasta en 80.000 unidades durante 2027, con efectos sobre la actividad comercial del sector y la recaudación tributaria.
Una estimación de menor impacto
El CMS calcula que la norma elevaría los precios en promedio 2,3% y reduciría las ventas entre 2.200 y 4.500 unidades. También plantea que los importadores podrían cumplir la meta aumentando sus ventas anuales de vehículos eléctricos en unas 3.400 unidades, sin necesidad de retirar masivamente modelos.
La organización añadió que los vehículos a combustión que dejaron de venderse desde 2024 representaban cerca del 3% de las ventas y tenían una tasación fiscal mediana de $26,1 millones. En el segmento inferior a $12 millones, esas salidas habrían representado solo el 1% de las ventas.
El director ejecutivo del CMS, Sebastián Galarza, precisó que la cifra de 115.000 empleos citada por la industria corresponde al total de puestos del sector y no a una estimación de trabajos que se perderían por la nueva regulación.
