En Chile, uno de los beneficios laborales más relevantes es la gratificación legal, la cual consiste en un incentivo monetario mediante el cual las empresas reparten entre sus trabajadores una fracción de las utilidades generadas durante el año.
No obstante, este derecho no se aplica de forma automática en todos los casos. Para que el empleador tenga la obligación legal de otorgarlo, la regulación vigente de la Dirección del Trabajo (DT) exige el cumplimiento de determinados requisitos específicos por parte de la empresa.
¿En qué caso se debe pagar la gratificación legal?
Según lo informado por la Dirección del Trabajo (DT), la obligación legal de pagar la gratificación a los trabajadores surge únicamente cuando la empresa o el empleador cumple con una serie de condiciones definidas por la normativa.
Entre los requisitos establecidos, se encuentran los siguientes:
- Tipo de actividad: la empresa debe pertenecer a rubros como el minero, industrial, comercial o agrícola, entre otros, o bien constituirse como una cooperativa.
- Finalidad lucrativa: es necesario que la organización tenga como propósito la generación de utilidades económicas. En el caso de las cooperativas, también deben cumplir con este pago, pese a su distinta naturaleza jurídica.
- Registro contable: el empleador debe estar legalmente obligado a llevar libros de contabilidad, conforme a la legislación vigente.
- Ganancias: la empresa debe haber generado ganancias líquidas durante el período o ejercicio comercial anual
¿Qué es la utilidad líquida?
Corresponde al monto de ganancia que calcula el SII con fines del Impuesto a la Renta. A esta cifra se le descuenta un 10% del capital propio de la empresa, obteniendo así la base sobre la cual se determina la gratificación.
Existe además una disposición relevante: la legislación vigente impide que los empleadores rebajen pérdidas de ejercicios anteriores al momento de establecer las utilidades del período actual.
¿Cómo se debe pagar la gratificación legal?
El Código del Trabajo contempla dos alternativas para que el empleador cumpla con esta obligación, permitiéndole optar por una de ellas:
- Distribución del 30%: la empresa debe destinar al menos un 30% de las utilidades líquidas y repartirlo entre los trabajadores de manera proporcional.
- Pago del 25%: se entrega al trabajador un monto adicional equivalente al 25% de su remuneración mensual, el cual puede pagarse anualmente o mediante anticipos mensuales.
En esta segunda modalidad, existe un límite: el total anual por concepto de gratificación no puede superar los 4,75 Ingresos Mínimos Mensuales.
